El consumo de tabaco y nicotina es la principal causa de muerte evitable en España: ocasiona la pérdida de más de 60.000 vidas al año y un coste humano, familiar y económico ingente. Para la pandemia del tabaquismo no hay vacuna, pero sí prevención a través de la actuación de la ciudadanía, gracias a sus representantes gubernamentales y no-gubernamentales.
A comienzos de la tercera década del siglo XXI, en el que nuestro sistema nacional de salud se encuentra cada vez más desbordado –por el envejecimiento de la población y por la presencia de epidemias víricas relativamente inesperadas– tratar las enfermedades derivadas del consumo de tabaco y nicotina supone un sobreesfuerzo, en gran parte evitable. Conseguir reducir la prevalencia de tabaquismo a un porcentaje residual a lo largo de la próxima década –además de mejorar notablemente la salud poblacional− se puede traducir en un alivio de la carga de trabajo de nuestro sistema sanitario y en una reducción del sobrecoste, que las personas que fuman suponen con respecto a quienes no lo hacen.
España ha firmado y ratificado el primer tratado universal de salud pública, el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT). Debe también por ello actuar de forma valiente y contundente para cumplir con el objetivo de este: proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco. Algo que debemos esforzarnos por conseguir sin reparos, sin restricciones, sin someternos a las injerencias de intereses económicos, poniendo de forma clara y contundente la salud pública, en su más amplio espectro, por encima de otros intereses particulares, por muy poderosos que estos sean o puedan ser.
A pesar de los esfuerzos realizados para controlar el tabaquismo, como las leyes de 2005 y 2010, la prevalencia del tabaquismo en España sigue siendo elevada.
Mientras que la mayoría de los países de la Unión Europea definen, avanzan y consolidan sus estrategias a corto y largo plazo en la lucha por el control del tabaco, España, quizá de una manera inconsciente, acaba plegándose a los intereses de la industria tabacalera, posponiendo la protección del derecho a la salud de la ciudadanía.
Ha llegado el momento de plantearse el objetivo de conseguir que el consumo de tabaco sea residual y con una tendencia marcada a desaparecer en la sociedad española. Como durante todos estos años la sociedad se ha ido empoderando, ya no solo exige la ampliación de los espacios sin humo de tabaco o vapores y la protección de la salud de los ciudadanos, sino que también aspira a un objetivo al final de camino, que marque cada una de las pautas y acciones, de las políticas y normativas a favor de la salud y contra los intereses y actuaciones de una industria que parece despreciar la salud y bienestar de la población.
Para ello, los firmantes de esta Declaración, instamos al Gobierno de España a establecer los cimientos de la primera generación sin tabaco en el año 2025 y llegar al final de la epidemia tabáquica, conocido internacionalmente como el tobacco endgame, en el año 2030, para, como muchos países europeos, salvar de forma decidida decenas de miles de vidas.
Puedes descargar la declaración completa pinchando aquí [2] y ver la webinar celebrada al respecto el pasado 11 de febrero a continuación.