Nota de la SEPS sobre los Anteproyectos de Ley de Protección de la Infancia

La Sociedad Española de Pediatría Social [2] (SEPS) ha publicado una nota en relación con los Anteproyectos de Ley Orgánica y de Ley de Protección a la Infancia, recientemente aprobados por Consejo de Ministros del 25 de abril de 2014.

En relación los Anteproyectos de Ley Orgánica y de Ley de Protección a la Infancia, recientemente aprobados por Consejo de Ministros del 25 de abril de 2014, a propuesta de la Secretaría General de Servicios Sociales e Igualdad, y recogida en la Nota de Prensa [3] publicada en la misma fecha por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que incluye en el ordenamiento “el derecho a la defensa del interés superior del menor, que
primará sobre cualquier otra consideración” y “promoviendo la participación de los menores a través del derecho a ser oídos y escuchados siempre que tengan madurez suficiente”:

La SEPS quiere destacar la aportación en estos proyectos de las “esperadas” modificaciones legislativas, y subrayar el rango estatal, que obligará al cumplimiento en todas las comunidades autónomas:

• La reforma de la legislación de protección de la infancia convierte a España en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del niño como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento, tal y como recomendó la ONU en 2013.
• Ante el Maltrato infantil en general:
• Considera un “delito de omisión” la no notificación al Ministerio Fiscal “de cualquier hecho que pudiera constituir delito contra un menor, por parte de autoridades públicas, funcionarios y profesionales que conozcan tales hechos en el ejercicio de su profesión”.
• Imposibilidad de trabajo profesional con menores (en educación, sanidad, protección social, etc.) para personas que hayan sido condenadas por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación de menores. Junto con esta, la imposibilidad, incluso por prohibición judicial, de aproximación física al menor o cualquier tipo de comunicación con éste.
• Ante situaciones de violencia de género, reconocimiento de los menores como víctimas directas, no testigos, y garantizarles la permanencia con sus madres.
• En relación a la Protección del menor:
• Garantizar la Protección del menor de forma uniforme en todo el Estado Español.
• Definiendo con rango estatal, las “situaciones de riesgo y desamparo de los menores”, situación esta última que determinará medidas de tutela por parte de la entidad autonómica competente.
• Límite máximo de 2 años en buscar una alternativa para el menor, ya sea acogimiento familiar o adopción, a la medida de protección tomada (tutela o guarda).
• Plazo máximo de 2 años, para que la familia de origen revoque la medida de protección tomada sobre el menor, con las garantías suficientes para su cuidado posterior.
• Evitar la victimización secundaria de modo que, si es testigo o víctima en un proceso judicial, no tenga que repetir testimonio ante diferentes instancias judiciales. Siendo asistido por expertos en desarrollo infantil.
• En relación al proceso de Acogimiento residencial:
• Priorizar el acogimiento familiar profesionalizado sobre el acogimiento residencial (que actualmente acoge a unos 12.000 menores en España), comenzando con los menores de 3 años, con unificación de grupos de hermanos en esta situación, mientras se les busca una alternativa definitiva.
• En relación al proceso de Adopción:
• Tras la renuncia materna tras el parto, el consentimiento se ratificará a las 6 semanas, sin renovación posterior, para agilizar así este proceso.
• Derecho de acceso a los orígenes de los menores adoptados, tanto en su mayoría de edad o antes, mediante sus representantes legales, conservando toda la información por las entidades públicas, durante al menos 50 años.
• Inicio de la convivencia, entre el menor adoptado y la familia adoptante idónea, antes de finalizado judicialmente el expediente de adopción.
• Creación de la adopción abierta, permitiendo en algunos casos, el contacto del menor con la familia de origen.
• Modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Empleado Público para facilitar, a padres y madres, el ausentarse de su puesto de trabajo para acudir a los procesos informativos y de valoración de la idoneidad para el acogimiento familiar y la adopción.
• Clarificación de competencias y dotación de mayor seguridad jurídica a los procesos de adopción internacional.

En Madrid, a 28 de abril de 2014.
La Junta Directiva de la SEPS