Datos del Consejo de Europa, a 29/04/2018, informan de que uno de cada cinco niños es víctima de violencia sexual, es decir, el 20% de la población ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia, estimándose que entre el 70-85% procede de un familiar o entorno cercano al menor.
La Asociación Española de Pediatría (AEP), a través de su página web “En Familia”, publicó [1] el 17/01/2018 que un 10-20% de la población infantil en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual, aunque el 85% no lo denuncia. La AEP, sociedad madre de los más de 14.000 pediatras españoles, apoya la obligación del pediatra, habitualmente el primer contacto con el sistema sanitario del problema, de declarar tanto la “sospecha” como el abuso sexual confirmado.
Todos los sectores implicados (sanidad, educación, servicios sociales y legales…) deben estar formados y conocer las particularidades de la presentación clínica del abuso sexual infantil que no debe ser patrimonio de pequeños sectores dada la magnitud del problema.
Aunque es necesario respetar el secreto profesional y el anonimato, la notificación de un abuso, o de su “sospecha”, es la condición necesaria para poder intervenir en cualquier menor y es, además, una obligación legal y profesional. La valoración debe realizarla el profesional anteponiendo el bien del niño a cualquier otra consideración.
El pediatra actúa correctamente al denunciar lo que observa y además está ejerciendo “su deber”. Alentamos a los profesionales a denunciar conductas de sospecha de maltrato a menores, siempre con cautela por la gravedad de estas acusaciones y sus consecuencias, y rechazamos la crítica a los mismos por cumplir con su obligación. Esto incluso pudiera disuadir a otros profesionales de actuar correctamente en situaciones similares.
Existen protocolos clínicos que describen claramente cuáles son los signos a vigilar, y el procedimiento a seguir por parte de los profesionales, ante la sospecha de abuso o cualquier otro tipo de maltrato infantil, que son los que los profesionales aplican en estos casos, poniendo en alerta a los organismos y autoridad competente.
Es importante evitar que recaiga en los profesionales sanitarios toda la responsabilidad de la protección de la infancia, siendo necesaria la involucración directa de toda la sociedad que evite la victimización del menor que sufre abuso. El abuso sexual a menores no es un asunto menor y, desde la AEP, alentamos a los pediatras a cumplir con su obligación de denunciar las sospechas.
Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Pediatría