FACME, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, lamenta que una reciente nota informativa de la Agencia Tributaria haya dado pie a la reactivación de una justificada inquietud generalizada entre profesionales y sus organizaciones acerca de la obligación de tributar las cantidades que la industria ha venido aportando como apoyo a la realización de congresos en forma de inscripciones, gastos de viaje y de alojamiento. Aunque conocemos que esta nota de la Agencia Tributaria obedece a la difusión de los términos contenidos en una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, en relación con un proceso que afecta a una determinada empresa sanitaria, no deja de ser cierto que su difusión, buscando un efecto más allá de la existencia de la propia resolución, ha desencadenado una oleada de reflexiones y preocupaciones que nos retrotraen a los momentos anteriores a las gestiones realizadas por nuestra Federación ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en las que se nos trasladó un compromiso de trabajo activo para la solución de este problema tributario.
En términos generales FACME se remite a su posicionamiento del 21 de marzo de 2017, elaborado con la participación de todas las SSCC científicas integradas en nuestra federación. No obstante, la situación actual nos obliga a insistir en determinados puntos ya contenidos en el citado posicionamiento:
- Las sociedades científicas han sido, son y seguirán siendo el foro natural del intercambio de conocimiento científico-técnico entre profesionales. Por ello desarrollan la imprescindible labor de actualización de los especialistas que por ley no es un lujo o afición de estos, sino una obligación.
- Si tal como dice la doctrina general fiscal la formación continuada necesaria para la empresa (en nuestro caso el propio Sistema Nacional de Salud, y con carácter de obligación legal del profesional como se acaba de señalar) debe ser financiada por la propia empresa (en cuyo caso está exenta de tributación) es obvio que debe ser la propia Administración la que establezca los cauces para que, en formación médica, la obligación de formarse se facilite y no se penalice. Entre tanto, la insistencia de una parte del gobierno, en este caso Hacienda, en la obligación de los profesionales en la declaración de unos ingresos o pagos que nunca se han producido de manera directa, solo añade perplejidad, confusión, inquietud e incomprensión, entre los médicos que se sienten víctimas y desde luego no culpables por la ausencia de los debidos desarrollos normativos que ya en este momento resultan urgentes.
- Como ya se ha apuntado, FACME ha informado previamente de que la posición que se nos ha trasladado desde del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es plenamente favorable y activa en la búsqueda de esa urgente solución del problema fiscal al que estamos haciendo referencia. De hecho, esta posición también está soportada por el apoyo del partido del gobierno a las iniciativas legislativas que apuntan en este mismo sentido. No obstante, y ante la insistencia informativa de Hacienda, requerimos que a la mayor brevedad posible se aporte desde la Administración, especialmente desde nuestro Ministerio, información clara, accesible y orientadora de lo que es la hoja de ruta previsible de este problema.
- En tanto esto se produzca es lógico que la incertidumbre, alentada por categóricas afirmaciones desde Hacienda, nos lleven a una escalada de manifestaciones e iniciativas múltiples. Entre ellas FACME comparte las líneas generales expresadas en un reciente comunicado por la Sociedad Española de Cardiología en cuanto al análisis y situación actual del problema de referencia.
- En cualquier caso, el órgano soberano de decisión de FACME, que es la asamblea de los Presidentes de la SSCC que la integran, va a reunirse el próximo 31 de mayo y, de esa asamblea, sin duda, surgirán mandatos que FACME ejecutará con diligencia y de conformidad a la voluntad de sus sociedades afiliadas.
En consecuencia, FACME asume de forma clara la responsabilidad y liderazgo de las acciones que sean necesarias para solventar la injusta e insostenible situación que pone en riesgo nuestro papel como sociedades científicas en la sostenibilidad de la calidad asistencial críticamente dependiente de la capacidad del profesional para mantenerse actualizado.